La entrada del otoño nos han traído una nueva sorpersa... fuentes de la magistratura y de los tribunales ven indicios de ilegalidad e incluso inconstitucionalidad la rebaja efectuada por el gobierno a los empleados públicos.
Si se confirmara la noticia y el tribunal diera la razón a los demandantes (Centrales Sindicales y trabajadores), la credibilidad del Gobierno quedaría en entredicho, dándole la razón a aquellos que desde un principio levantaron su voz en contra de esta medida del Gobierno que, aunque pone su granito de arena, viene a ayuda a la reducción del gasto público y a luchar para la "salida" de la crisis.
Realmente el ahorro generado en las cuentas gubernamentales por la reducción del salario de los empleados públicos, no es la solución para la salida de esta crisis, si no está acompañada de otras medidas de ahorro que afecten a todos los estamentos de la sociedad española. Hasta ahora, aparte de las pensiones no se han visto otras medidas que ayuden a paliar la tan cacareada crisis económica, sin embargo a lo largo de los últimos meses si se ha visto como la reducción de los ingresos familiares, el aumento del paro y la incertidumbre sobre el futuro laboral de muchos de los españoles, solo ha ocasionado que el consumo interno se retraiga hasta límites impensables hace unos años. Consumo que es el motor de toda economía occidental, puesto que al reducir el mismo, las empresas se ven obligadas a reducir su producción y por lo tanto sus beneficios, repercutiendo en el aumento de los precios así como en la disminución de la oferta laboral.
Para colmo, bienes básicos como la electricidad, el butano u otros servicios se han visto encarecidos bien por la aplicación del nuevo IVA impuesto por el Gobierno o algunos de ellos por la subida directa de sus tasas o facturas. En estos momentos de crisis, donde las familias están pasando por verdaderos momentos de apuros, el Gobierno tenía que haber impedido el aumento del valor de estos bienes, aplazando la subida de los mismos a mejores momentos...
En definitiva, parece a ojos de muchos españoles, que las medidas del Gobierno no eran las más acertadas en unos momentos como los que estamos pasando los españoles, pero si además los tribunales le quitan la razón y tiene que dar marcha atrás, la credibilidad del mismo, ya de por sí reducida, se vería hecha trizas, quedando Zapatero en un precario equilibrio del que sería difícil poder salir...
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